| Summary: | La región latinoamericana ha comenzado a posicionarse como un actor protagónico a la hora de recibir solicitudes de protección internacional por parte de personas desplazadas forzadas. El incremento de demandas de asilo exige de los Estados un aumento en su capacidad de procesarlas y de dar respuesta en un plazo razonable. Asimismo, los Estados tienen el desafío adicional de adecuar su estructura y burocracia a una situación sin precedentes, el COVID-19, que alteró y seguirá afectando el curso de los trámites relativos a la petición de asilo. Identificando crecientes demoras en dar respuesta a las solicitudes, la propuesta de este artículo ronda en torno a la cuestión del respeto del plazo razonable, apunta a señalar los mayores riesgos que se desprenden de su incumplimiento, así como también rastrear soluciones que ya estén en marcha y esbozar otras propuestas posibles.
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