| Summary: | El nuevo contexto social globalizado y la falta de consolidación de las instituciones públicas se ven convulsionadas por el avance sistemático en la falta de respuesta a las demandas que los ciudadanos efectúan en los diversos ámbitos de las administraciones públicas. Frente a ello, desde el derecho administrativo se están buscando alternativas mejoradoras no solo desde la concepción de la relación Administración/ciudadano, sino desde los avances tecnológicos que son innegables en todos los ámbitos de la vida.
Con ello, se va gestando un nuevo derecho, pensado no solo desde la legitimidad de los actos de quienes gobiernan, sino que permita la proximidad de quienes participan en la vida administrativa.
En esa búsqueda innovadora, podemos encontrar la administración electrónica, que implica no solamente el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y participación ciudadana, sino el mejoramiento en la prestación de los servicios por parte de las administraciones públicas, logrando una interconexión ágil, sencilla, atemporal y facilitadora en búsqueda del bienestar general.
Así planteado, se requieren avances legislativos, doctrinarios y consultivos en todos los niveles de gobierno, para que a través del desarrollo de plataformas digitales o electrónicas los ciudadanos tengan acceso a la información y los servicios públicos. Y allí, de manera remota, puedan consultar, reclamar, sugerir e iniciar un trámite o expediente administrativo. Dichos avances ya se están produciendo en todo el mundo. Encontramos nuevas leyes de procedimiento administrativo como la 39 y 40/2015 en España, y su portal electrónico de acceso a través de la página oficial, que prevé varias herramientas, entre ellas, la «Carpeta Ciudadana». Encontramos réplicas de ello, por ejemplo, en la Provincia de Córdoba en Argentina, mediante la plataforma «Ciudadano Digital».
En esa facilitación de acceso, el ciudadano encuentra a la Administración más cerca y comprometida; asimismo, más transparente, ya que permite conocer información vinculada a los funcionarios públicos, a las contrataciones, a la ejecución del presupuesto, etc.
No obstante las ventajas de la implementación de las administraciones electrónicas, encontramos en ellas ciertos problemas generados por las desigualdades socioeconómicas y del conocimiento, que deberán ser tenidas en cuenta por los gobiernos a fin de asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El e-Gobierno o e-administración es un desafío al que todos debemos contribuir, porque las nuevas tecnologías deben servir no solo para la accesibilidad de los ciudadanos a la información pública, lo que supone dotar a los gobiernos de mayor transparencia, sino para una satisfacción de las necesidades de manera más ágil.
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