| Summary: | Hoy en día, el derecho a una vivienda digna es considerado como un elemento esencial del concepto de hábitat y, además, como un requisito indispensable en la lucha contra la pobreza. Esto ha contribuido sin duda a la constitucionalización de este derecho por parte de algunos Estados y Colombia no ha sido indiferente ante esta tendencia; es así como el derecho a una vivienda digna alcanzó el status de derecho fundamental. Nuestro ordenamiento jurídico ha asignado un papel protagónico a los municipios en la promoción, protección y garantía del derecho a una vivienda digna. Sin embargo, para que este derecho realmente se materialice en prestaciones concretas a favor de los más pobres es necesario que el Estado (tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales) diseñe políticas públicas eficaces en materia de vivienda; que el Congreso de la República al legislar proteja este derecho; que se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de dichas políticas y de los mandatos legislativos; y que se garantice judicialmente la titularidad y el goce efectivo de este derecho.
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